Martes 27 Junio 2017

La Conferencia Episcopal Boliviana, mediante la Secretaría Generál, emitió un comunicado en relación al proyecto de ley que pretende despenalizar el aborto, bajo justificativos no coherentes con la responsabilidad de la persona.

“Yo he venido para que tengan vida” Jn 10,10
La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana, ante la propuesta de Proyecto de Ley del Código del Sistema Penal, que va a ser sometida a discusión en la Asamblea Legislativa Plurinacional, llama a los legisladores y a toda la sociedad a defender el derecho a la vida, que se ve seriamente amenazado con esta propuesta de reforma, y a participar activamente en el debate público sobre estas iniciativas.

El derecho a la vida, en el que se fundan todos los demás, es para todos los seres humanos “sin distinción”. La vida es un don de Dios y nadie puede disponer de ella en ninguna circunstancia.

La propuesta de Proyecto de Ley del Código del Sistema Penal plantea como circunstancias justificatorias para el aborto, durante las primeras ocho semanas, el no contar con recursos para la manutención del bebé o que la madre sea estudiante y, en cualquier momento de la gestación, cuando exista un riesgo presente o futuro para la vida de la madre; prevenir un riesgo presente o futuro para la salud integral de la madre; el detectar malformaciones fetales; que el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto; o que la embarazada sea niña o adolescente.

Además esta propuesta de ley distorsiona el sistema penal introduciendo la pobreza como razón de impunidad para delitos como el infanticidio y la eutanasia, como si ser pobre fuese justificativo suficiente para violar cualquier ley.

Este proyecto introduce una colonización ideológica extranjera que descarta a niños y niñas por nacer vulnerables y acepta la triste violencia del aborto como un supuesto camino para solucionar problemas sociales y económicos. El aborto, además, violenta el cuerpo de la mujer, dejando graves secuelas en la psicología femenina, como el síndrome postaborto con consecuencias muchas veces irreparables.

Como Iglesia y como sociedad digna no podemos aceptar estos supuestos. El Estado está obligado a crear políticas públicas orientadas a mejorar la vida de las personas y políticas educativas de apoyo a la mujer embarazada y de prevención de la violencia para que la vida en nuestra sociedad sea posible para todos.

La Iglesia en Bolivia, se hace eco de las palabras del Papa Francisco, en su discurso a los movimientos sociales, en el que exhortaba a proteger y cuidar a los más vulnerables y llama a trabajar por la vida y la dignidad de todos, especialmente de los más pobres.

Además, nuestra Constitución Política del Estado recoge en su bloque de constitucionalidad, los acuerdos sobre derechos humanos, encontrándose entre ellos “el derecho a la vida” y lo proclama como un derecho fundamental, confirmando a través del código civil y el código niña, niño, adolescente, que el derecho se reconoce desde el momento de la concepción, por lo que la contradicción con el Proyecto de Ley es evidente.

Es obligación de todos interesarnos por las leyes que se proponen en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que respondan a la ética y moral de nuestras culturas exigiendo de las autoridades públicas respeto a la vida, apoyo a las madres embarazadas en riesgo y precautelar los principios y la fe de nuestro Pueblo.

Cristo vino para que todos tengamos vida en abundancia.
Que María, Madre pobre de Cristo pobre, interceda por Bolivia.

13 de Marzo de 2017

Secretaría General
Conferencia Episcopal Boliviana

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